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Los más de 237 millones de dólares que el Estado dominicano transfirió al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para acompañarlo en procesos de transparencia en la gestión y desarrollo, solo en el año 2020, no estarían transparentados para el público y supondrían una violación de orden constitucional debido a que el organismo internacional asumiría funciones que le corresponden a entidades legalmente constituidas para tales fines, consideran especialistas en el área.
Otra de las cuestionantes de los contratos que han firmado diversas instituciones gubernamentales, es el hecho de que los procesos llevados por el PNUD no están regulados por la ley de compras y contrataciones.
La coordinadora de Participación Ciudadana (PC), Leidy Blanco, el exministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Juan Ariel Jiménez, exministro de Energía y Minas, Pelegrín Castillo y el abogado Miguel Valerio expresaron sus consideraciones respecto a los contratos y transferencias de recursos que ha hecho el Estado al programa de las Naciones Unidas en el seguimiento al programa Reporte Especial de la comunicadora Julissa Céspedes que se transmite por CDN, canal 37, respecto al costo de la transparencia en el país.
En el año 2020, de acuerdo a Naciones Unida, República Dominicana fue el país que más le transfirió al PNUD: 237 millones 672 mil 038 dólares que son aproximadamente 13 mil millones de pesos. En segundo lugar se ubicó Argentina con 176 millones de dólares.
Hasta ahora la ONG no ha colgado el informe del año 2021, pero de acuerdo con las publicaciones en su página web, el Ministerio de Educación no es la única institución que ha realizado grandes transferencias en ese período: 13 mil millones de pesos por acompañamiento, asesorías, o para que realicen compras y contrataciones.
“Todas las contrataciones que hemos visto con el PNUD son irregulares. ¿Por qué? No hay un registro en compras y contrataciones sobre las contrataciones públicas con el PNUD, no hay nada, porque si tú haces una búsqueda, no puedes tener información sobre las compras y contrataciones que hacen con el PNUD”, expresó la coordinadora de PC, al cuestionar los contratos del Estado y el organismo de las Naciones Unidas.
Blanco afirma que aunque la organización dijese en un comunicado que no ha recibido pagos del Estado, porque no vende bienes ni servicios, la realidad es que sí con el agravante de que esa modalidad de contratación está exenta de la Ley de Compras y Contrataciones Públicas.
“El PNUD no puede alegar que no recibe fondos o pagos por servicios, si bien es cierto que cuando hay una consultoría, que son bastante costosas al pueblo dominicano, hay que saber también que eso tiene un costo, y ese pago se le hace a esa consultoría, se le hace a través del PNUD, entonces sí, el PNUD recibe dinero, pagos por bienes y servicios”, enfatizó la ejecutiva.
Cooperación y montos
En tanto que el exministro de Economía explicó que los convenios se han hecho siempre, porque esa organización tradicionalmente ha dado acompañamiento a los gobiernos de todo el mundo en aspectos de origen meramente técnico, donde ponen a disposición del gobierno buenos científicos y buenos técnicos de toda parte del mundo, y también tiene un elemento que es un acompañamiento en la parte de compras y contrataciones que se usa mayormente para compras internacionales y facilitar ese proceso y disminuir el costo de algunas partidas.
“Insisto que ese es un mecanismo que se ha usado anteriormente, sobre todo para las contrataciones internacionales, porque permite bajar el costo, pero al ver estos montos, y sobre todo para compras locales, pues la verdad es que llama la atención y eso debilita la institucionalidad en República Dominicana”, expresó Ariel Jiménez.
A la lista de instituciones se suma el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie), quen firmó un acuerdo con el organismo en el año 2013.
En esa fecha el órgano era dirigido René Jáquez, y el monto del convenio fue de 18 millones 383 mil dólares, unos 919 millones 186 mil pesos, para apoyar en la implementación de una estrategia integral del fortalecimiento de la gestión organizacional y operativa a los fines de aumentar la calidad y el impacto de todos los servicios provisto por la entidad.
De acuerdo con el reportaje, a ese convenio le realizaron al menos 14 enmiendas, 10 en la gestión de Rene Jáquez y con la llegada de Cecilio Rodríguez Montás, le realizaron al menos cuatro para elevar de 32 millones dólares a 49 millones que son unos dos mil 750 millones de pesos.
El costo de comisión de este proyecto cobrado por el PNUD fue de un millón 766 mil 650 dólares que son aproximadamente 88 millones 332 mil pesos.
“El volumen de pago llama la atención. Yo no sé si hay un estándar internacional pero para mí, las cifras son impresionantes porque nosotros somos parte del sistema, pero no se supone que nosotros tenemos que estar pagando. Siendo parte del sistema no debemos estar pagando por transparencia un volumen tan alto”, dijo Pelegrín Castillo.
Otra entidad que firmó con PNUD es el Ayuntamiento del Distrito Nacional, el 17 de abril del 2017 en la administración de David Collado, para el fortalecimiento institucional y operativo en sus capacidades de compras y contrataciones.
El monto casi rondaba los cuatro millones de dólares que con el pasar de los años y siete enmiendas, en donde se les agregó otros productos, la cantidad a pagar se elevó a 20 millones 15 mil dólares.
A pesar de la inversión que hizo la Alcaldía de acuerdo con el Sistema de Monitoreo de la Administración Pública (Sismap), en marzo del 2017 el ADN ocupaba la posición número 22 en el Ranking Municipal y en la actualidad ocupa el número 24, es decir, que subió dos puntos pero está en rojo la gestión para la separación, servicio y manejo de los residuos sólidos urbanos.
“Entenderían que es más transparente, pero es lo contrario porque evidentemente el informe que hace una ONG no se le impone ni al de la Contraloría ni el de la Cámara de Cuentas, esos son potestades administrativas, incluso de uso constitucional, que la delegan ahí, con lo cual los contratos podrían tener vicios hasta de constitucionalidad”, explicó el abogado Valerio.
El Poder Judicial y demanda de contratista
El Poder Judicial también figura entre las entidades acompañadas por el organismo internacional, especialmente en lo referente a las instalaciones albergaría el Palacio de Justicia de Jurisdicciones Especializadas. La Constructora Vélez y Sánchez SRL, (Convesa) tuvo inconvenientes e interpuso una demanda de intervención forzosa en contra del PNUD y la sociedad Epsa Labco por la rescisión del contrato luego de que hicieran una auditoría a la obra. El Consejo del Poder Judicial sometió una demanda de resolución de contratos, y al pagó de 843 millones, 43 mil 908 pesos por supuestos daños y perjuicios ocasionados al Estado.
Fuente: El Caribe.
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