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Con el objetivo de lograr un consenso en el Congreso Nacional y que haya una ley de extinción de dominio, los puntos que generan disensiones entre los legisladores podrían ser excluidos.
La información la ofreció el presidente de la comisión bicameral apoderada de la iniciativa, senador Pedro Catrain, quien favorece dejar fuera los aspectos que generan diferencias entre los congresistas.
“Yo creo que si tenemos que ceder en dos o tres artículos que no haya consenso y aprobar el 97% de los artículos, lo vamos hacer. Lo determinante es que la sociedad dominicana tenga la garantía de que los congresistas que estamos en esta comisión vamos a sacar el proyecto de ley adelante”, sostuvo ayer el legislador, al presidir la tercera reunión de esta legislatura.
El comentario del senador de Samaná surge luego de que elCaribe publicara el reportaje “ley de extinción de dominio concita poco respaldo”, donde presentó los aspectos de desacuerdos entre los legisladores sobre la normativa. El punto gris principal radica en la interpretación del artículo 110 de la Constitución: la irretroactividad de la ley.
Los congresistas discuten si el decomisar bienes de procedencia ilícita, en años anteriores a la promulgación de la iniciativa, viola o no la Ley Sustantiva.
Sobre los debates de los senadores y diputados, Catrain sustentó que el Congreso es plural, compuesto por diversas fuerzas políticas y no hay que temer a las diferencias ni hacer “una alarma” o “escándalo” por esas disensiones, ya que esa es la normalidad de un parlamento democrático.
Buscan consenso
El vicepresidente del Senado, Santiago Zorrilla, quien además fue por cuatro años miembro de la comisión que trabajó la referida iniciativa, aconsejó que debe haber un consenso entre los legisladores y agotarse todos los procedimientos legislativos, porque no se puede aprobar una ley de prisa.
En tanto, Soraya Suárez, secretaria de la Cámara de Diputados y miembro de la comisión bicameral, explicó que la referida ley no es retroactiva y adelantó se está buscando otras formas de juzgar los bienes. “Hay una Ley contra el Lavado de Activos por ahí, que podemos utilizar; en todo caso todo no va ser juzgado por esta ley”, apuntó.
El vocero del bloque de los diputados reformistas y miembro de la comisión, Rogelio A. Genao Lanza, manifestó que los dos proyectos de estudios se están comparando: aprobando donde existen concensos,y postergando donde hay diferencias.
Parte de los puntos de desacuerdos
La irretroactividad de la ley; el ámbito de aplicación, que es determinar cuáles delitos serán perseguidos; la presunción de inocencia, ya que uno de los proyectos dice que el imputado debe probar cómo obtuvo el bien y en otro, que es el Ministerio Público quien debe probar que el bien fue obtenido de forma ilícita; y la creación de un tribunal especial para esto: se mantiene en la corte penal o se crea una jurisdicción especial de extinción de domino.
Fuente: El Caribe.
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