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Tener la opción de abordar una guagua de la OMSA, un “motoconcho” o “un carrito público” en los nueve corredores que pretende implementar el Gobierno en el Gran Santo Domingo será cosa del pasado.
Como parte del proyecto de colectivización del transporte, la demanda en estos espacios será suplida exclusivamente por modernas unidades de autobuses, operadas por grupos choferiles bajo el acuerdo de retirar todas las unidades de concho tradicional.
El desplazamiento de las unidades de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA) en los corredores de la Núñez de Cáceres y Winston Churchill, únicos inaugurados, preocupó a muchos usuarios que se vieron obligados a ajustar su presupuesto al precio actual, pagando de RD$15 a RD$35.
Sobre esta transformación en el servicio, como la ha bautizado el Gobierno, el director ejecutivo del Gabinete del Transporte, Hugo Beras, asegura que no se puede ver como un golpe a la OMSA sino como una oportunidad para que esta institución pueda ser más eficiente y concentrarse en los corredores donde tiene mayor incidencia.
¿A dónde van las unidades?
En tal sentido, el departamento de Comunicación de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses confirmó a este medio que las unidades desplazadas de estos dos corredores reforzarán el servicio en otras rutas de su influencia.
Respecto a que si los autobuses público y los operados por consorcios privados pueden operar en un mismo corredor, ni los propios representantes de las centrales sindicales del transporte, hoy empresas, comparte una misma opinión.
Desde la óptica del presidente de la Central Nacional de Transportistas Unificados (CNTU), William Pérez Figuereo, restringir la circulación de las unidades de la OMSA de estos corredores es un error.
“El Gobierno dominicano no debe ceder sus espacios a particulares porque en un momento dado que nosotros tengamos que reclamar algo, y mira te lo estoy diciendo yo que voy a estar en el Corredor Kennedy, porque los médicos se paralizan y todo el mundo se paraliza cuando algo le afecta, entonces no tendrá el Gobierno con que responder”, advierte.
El presidente de la Federación Nacional de Transporte Nueva Opción (Fenatrano), Juan Hubieres, tambien entiende que la medida de quitar la OMSA de estos corredores debe ser mejor analizada.
“Yo Juan Hubiere no apuesta a que desaparezca ningún bien público, porque ningún bien público en manos mías va a ser para que yo le dé servicio gratis a la población desde el punto de vista del negocio, porque los negocios no están para eso. Eso es un atentado a los bienes públicos del Estado”, manifestó.
Asunto de competencia
Para el especialista en transporte, Víctor González, que ambas unidades operen juntas en un mismo espacio, debe verse desde el punto de la rentabilidad y competencia entre estos operadores (Gobierno y sector privado).
“Aunque podría ser, es difícil manejarlo bajo ese concepto, por ser un asunto de intereses”, dijo.
Pero los carros o minibuses no son la única modalidad de concho con los días contados en estos corredores, también están las motocicletas.
“Los motoconchos son parte fundamental, pero no pueden participar en la misma ruta donde están los autobuses, no pueden competir, respondió el director del Gabinete del Transporte, Hugo Beras, al ser preguntado al respecto.
En palabras del presidente del Consorcio Conatra-Sa, que opera el corredor Núñez de Cáceres, inaugurado hace un año, una de las causas por las que aún no alcanza la proyección sobre movilización diaria de pasajeros es precisamente la intervención de otras modalidades de transporte como el motoconcho y algunas intervenciones de “piratas”.
No obstante, Luis Rosado destacó que la principal razón del déficit de alrededor de cinco a seis mil pasajeros diario, registrado el año pasado, fue la restricción de movilidad impuesta por la Covid-19.
Precisó que este último mes ha aumentado cerca de mil pasajeros cada día en comparación con el 2021. Según sus cálculos, actualmente el promedio de usuarios movilizados en los primeros cinco días de la semana es de 8 mil.
Desde el punto de vista del diputado Tobías Crespo, autor de la Ley 63-17, este déficit de pasajeros registrado en el Corredor Núñez de Cáceres, podría dar paso a medidas no sanas para el país.
Pasaje sombra
“Se estimó en 12,500 los pasajeros diarios que iba ese corredor a mover, sin embargo, el corredor lo que mueve es 6,500 como máximo y no han alcanzado el punto de equilibrio. Yo entiendo que se hizo de no muy buena fe, para poner un pasaje sombra, al no alcanzarse el punto de equilibro, no lograr rentabilidad, pues el Gobierno tengan que dar subsidio al operador y la ley habla que los subsidios deben ir al ciudadano de a pie, no al propietario u oferente”, puntualizó.
Recordó que la Ley de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, establece que las rutas son del Estado y en caso de no poder dar el servicio público de pasajeros, que es su función, lo otorga a través de una licencia de operación de un título habilitante a los prestadores que son los transportistas.
En auxilio del sector
La advertencia de que el proyecto Núñez de Cáceres, primero de la alianza público-privada, no estaba siendo rentable la hizo el presidente de la Confederación Nacional de Organizaciones del Transporte (Conatra), a cuatro meses de su inauguración.
“Entonces es verdad, no es rentable, no es rentable y le pedimos (al Gobierno) que, como la ley está ahí, la 63-17, que por alguna parte debe compensar y para eso nosotros tenemos fondos”, manifestó Antonio Marte en ese momento.
La fórmula
Al ser consultado al respecto, el empresario del transporte sostiene que este déficit, no se puede atribuir a que los cálculos o proyecciones estén mal elaborados sino a la situación económica derivada por la pandemia que asegura ha afectado a los transportistas a nivel nacional.
“La situación es caótica en estos momentos y por lo cual nosotros les decimos al Gobierno que tiene que auxiliar antes que desaparezcan todos los transportistas, le voy a dar la fórmula: el Gobierno recibe por cada galón de combustible RD$2, que lo utilice de una forma provisional para que vaya en auxilio del sector transporte”, plantea.
Contrario a este corredor, en el de la Churchill, la demanda es tan alta, que sobrepasa los 20 mil usuarios por día. Alfredo Pulinario (Cambita), presidente del Consorcio Mochotran, dice sentirse sorprendido con la acogida. Añade que en horas pico las nuevas unidades no dan abasto. “Cambiar un carrito de 30 y 20 años por autobuses de alta tecnología con plataformas para personas minusválidas, ocho cámaras y te puedes montar con una tarjeta de crédito y la del Metro eso ha sorprendido”, expresó.
En el corredor, inaugurado en febrero del presente año, aperaban 367 carros y 400 microbuses, según explicó.
“Nosotros calculamos los pasajeros que montaban esos, aparte de los de la OMSA, y hemos hecho un cálculo. El préstamo, que es para cinco años, nosotros queremos y los vamos a hacer Dios delante, pagarlo en tres años como vamos, con el excedente que queda después de todos los gastos de seguro, gasoi, pago de empleados, del pagarés, ese excedente lo vamos a abonar a la cuenta para ver si podemos pagar esos autobuses en tres años”, proyecta Cambita.
El Corredor Churchill incorpora 47 nuevos autobuses de 90 pasajeros en un recorrido desde la avenida Jacobo Majluta hasta el Centro de los Héroes. Conecta con cuatro universidades, 167 establecimientos comerciales, 9 bancos, 9 centros de estudios, 102 centros financieros, 10 centros de salud, 8 parques importantes de recreación y con las líneas 1 y 2 del Metro.
Estos corredores responden al Plan de Movilidad Urbana Sostenible, cuya meta es hacer del Gran Santo Domingo una ciudad más atractiva y sostenible, mediante una red equitativa e inclusiva con un sistema eficiente.
Voces en contra
No obstante, el proyecto de corredores no ha logrado caer del todo bien dentro del sector. Para el presidente de Fenatrano, Juan Hubieres, se trata de una iniciativa empañada por la exclusión económica y social que a su juicio llevará a más gente a la pobreza.
Partiendo de ese argumento, ha propuesto al Gobierno la cooperativización de los corredores. “Por escrito ellos me mandaron a decir que están de acuerdo, pero mientras tanto siguen avanzando en sus proyectos”, señaló.
Aseguró que los carros sustituidos que saldrían de circulación, como chatarra, se encuentran conchando en otras rutas, debido a que el Gobierno aún no ha pagado a propietarios el valor de estas unidades. Sobre el particular el presidente del Consorcio Conatra-Sa, agregó que todavía no se ha completado el proceso de pago de los carros, pero que ya está en proceso. “El Estado toma tiempo para identificar en Impuestos Internos la matrícula, ubicar, generar los pagos individuales a las personas y eso es una burocracia que se ha tardado un tiempo de más”, dijo.
Destino de los carros chatarras según ley 63-17
La Ley 63-17 instruye al Intrant a establecer el cronograma de retiro paulatino de las unidades de transporte terrestre chatarras o en mal estado en sus distintas modalidades, en un plazo que no podrá exceder de diez años, y que se encuentren laborando a la fecha de la promulgación de la ley promulgada en el 2017. Los vehículos reemplazados deberán ser sacados del Registro Nacional de Vehículos de Motor por la Dirección General de Impuestos Internos y demolidos de inmediato por el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre. Asimismo , dispone que las rutas son propiedad del Estado. La prestación del servicio será autorizada por medio de la emisión de licencias de operación, expedidas por Intrant y los ayuntamientos en su jurisdicción.
Fuente: El Caribe.
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