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Un mes después del 11 de mayo, cuando se dio fin al polémico Título 42, una norma que permitía las devoluciones en caliente en la frontera, el Gobierno de Biden señala como un logro la reducción en la cantidad de personas que son arrestadas cruzando la frontera de manera irregular.
Y es que las detenciones tuvieron una caída significativa: entre el 12 de mayo y el 2 de junio, las autoridades reportaron un promedio de 3.700 arrestos en la frontera sur, en comparación con las aproximadamente 7.000 detenciones al día que se vieron en el mes de mayo, según datos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
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Esto puede explicarse porque el Gobierno impuso mayores restricciones y penalizaciones para quienes decidan cruzar la frontera de manera irregular.
Entre ellos, está la deportación a sus países o a México de quienes no cumplan con una serie de requisitos más estrictos para poder solicitar asilo, que incluye haber pedido protección en un tercer país y estar en circunstancias de alto riesgo.
Así, en este último mes, el Gobierno ha llevado o deportado a más de 38.000 personas, a unos 80 países, incluyendo México, que aceptó también recibir a venezolanos, cubanos, haitianos y nicaragüenses.
«Las políticas están funcionando en la medida en la que más personas están esperando, pero eso sucede a costa del sufrimiento de quienes esperan del lado mexicano», dijo a EFE Yael Schacher, directora para las Américas de Refugees International.
El Gobierno ha enviado el mensaje de que, para solicitar asilo -algo que por ley solo se puede hacer desde territorio estadounidense- las personas deben inscribirse y pedir una cita a través de una app llamada CBP One.
Uno de los grandes problemas es que esta aplicación solo ofrece 1.250 citas al día para toda la frontera, lo que hace que sea muy difícil conseguir una.
Como consecuencia, explicó Schacher, se ha creado un «cuello de botella» de migrantes en la frontera que esperan en el lado mexicano para poder obtener una cita a través de la app, que también ha sido señalada por presentar problemas de funcionamiento, de compatibilidad con diferentes teléfonos móviles y solo está disponible en español, inglés y creolo hatiano.
Las personas que llegan a la frontera, muchas de ellas después de atravesar miles de kilómetros y pasar escabrosos tramos como la selva del Darién, entre Colombia y Panamá, se han visto obligadas a esperar por semanas, e incluso meses para obtener una cita, según recoge un estudio de Human Rights Campaign publicado este viernes.
Las condiciones en México son en muchos casos de alto riesgo para los migrantes, expuestos a robos, secuestros y extorsiones por parte de grupos criminales.
A su vez, las personas mexicanas que buscan solicitar asilo están doblemente expuestas: forzadas a esperar en el país del que buscan huir, según retrató el informe.
QUIENES SE ARRIESGAN A CRUZAR, NO PUEDEN ACCEDER A UN ABOGADO
A pesar de los constantes mensajes de las autoridades, disuadiendo a los migrantes a cruzar de manera irregular, miles de ellos han decidido arriesgarse de todos modos y cruzar.
En el último mes, la mayoría de los detenidos son de México -DHS reportó 1.200 arrestos diarios en promedio de personas de este país-, a quienes no aplica la norma del tercer país. En segundo lugar están los hondureños, con 520 detenciones diarias al día y de tercero los guatemaltecos, con 360.
Las personas que son arrestadas y que expresan temor de volver a sus países tienen derecho a una entrevista de «miedo creíble», donde un funcionario determina si EE.UU. tomará su caso o no.
Bajo las nuevas políticas de Biden, estas entrevistas son llevadas a cabo de manera exprés, mientras los migrantes permanecen en custodia de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).
Sin embargo, organizaciones en defensa de los derechos humanos han denunciado que a los migrantes no se les está garantizando el acceso a un abogado antes y durante esta entrevista.
«Se trata de un proceso muy acelerado, donde los migrantes están increíblemente aislados, esencialmente desamparados y donde las personas están destinadas a fallar», explicó a EFE Azadeh Erfani, analista y abogada en la organización National Immigrant Justice Center.
Para Erfani, quien trabajó en un informe detallando las barreras que encuentran los migrantes en custodia para acceder a un abogado, «no hay duda de que el Gobierno está haciendo más difícil» pedir asilo.
En esto coincidió Crystal Sandoval, trabajadora de la organización Las Américas, en la ciudad fronteriza de El Paso, quien aseguró que la situación actual le recuerda mucho a lo que se vivía en la frontera bajo el Gobierno de Donald Trump (2017-2021).
«Es muy parecido al (programa) Permanece en México, la gente aún está esperando» del otro lado del muro, señaló Sandoval, haciendo referencia a una política del Gobierno republicano que obligada a los migrantes a esperar en México a que sus casos migratorios fueran resueltos.
Como nativa de la región, Sandoval dijo que no entiende por qué no se destinan los recursos para recibir a las personas que buscan protección en el país, en vez de restringir su entrada.
«Me parece absurdo y feo que se batalle tanto para tener acceso al territorio. Yo siento que estamos listos (…) y preparados, para darles la bienvenida», subrayó.
Fuente: Hoy Digital
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