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De acuerdo a la nueva ley de Ordenamiento Territorial, Uso de Suelo y Asentamientos Humanos, el gobierno local que otorgue permisos de uso de suelo ilegales podrá ser sancionado y procesado judicialmente. La iniciativa fue convertida en ley en el Senado el pasado martes en medio de cuestionamientos de los senadores sobre las últimas modificaciones introducidas en la Cámara de Diputados, donde pese a que la pieza fue estudiada durante dos años por una comisión bicameral, crearon una comisión especial para su estudio.
La ley fue promulgada ayer por el presidente Luis Abinader. El proyecto de normativa, que fue estudiada durante dos años por senadores y diputados, fue revisado en un mes y una semana por los diputados, esto es del 8 de noviembre pasado al 19 de diciembre, cuando fue aprobada la pieza de urgencia en dos discusiones.
De acuerdo al artículo 88 de la ley, el otorgamiento de un permiso de suelo en violación a las Normas Subsidiarias establecidas en esa normativa podrá ser atacado por ante la jurisdicción contencioso administrativa por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD) o cualquier persona de interés legítimo. El párrafo de dicho artículo consigna que hasta tanto sean creados los Tribunales Contenciosos Administrativos de Primera Instancia, los juzgados de Primera Instancia en sus atribuciones civiles serán competentes para conocer en instancia única y conforme al procedimiento contencioso administrativo, de los recursos contenciosos administrativos contra las decisiones tomadas por los gobiernos locales a las que se refiere la parte capital de ese artículo.
También los artículos 90 y 91 establecen que cualquier persona o institución pública podrá denunciar ante la autoridad ejecutiva del gobierno local la violación a la ley y dicha autoridad podrá actuar de oficio.
Expertos ponderan
Sobre el tema fueron consultados el arquitecto y planificador Erick Dorrejo Medina y el urbanista Marcos Barinas, quienes destacaron que la ley constituye un paso de avance para organizar los territorios. Dorrejo Medina considera muy relevante esa pieza porque, aunque había aspectos consignados en normativas vigentes que se mantienen, ahora con procedimientos claros que cumplir y sanciones se puede lograr su aplicación. Destacó que en la actualidad la potestad del uso de suelo está en manos de los ayuntamientos, según lo que establece la Ley 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios. Dijo que lo que hizo la Cámara de Diputados fue simplemente establecer un rango de población para que los municipios que son de mayor de 15 mil habitantes puedan establecer el ordenamiento territorial.
Fuente: Diario Libre
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