Nuestro país, cuenta con una constitución moderna, quizás con
algunos huecos que haya que cubrir.
Tenemos instituciones públicas y tribunales como si fuéramos un
país desarrollado, lo que se conocía como primer mundo, buen
acceso a la tecnología y la información que aprovechamos para el
conocimiento y la producción. En fin, somos un país a la altura de
estos tiempos.
En 1986, el doctor Joaquín Balaguer pronunciaba la inolvidable
expresión, «somos un país rico, pobremente administrado».
Expresaba, que el mayor activo, su mejor tesoro, era su gente con
sus virtudes.
Ese país que hemos logrado modernizar e insertar con éxito a un
mundo globalizado, sigue siendo un país rico pobremente
administrado, pero como no aspiro a ningún cargo, como en ese
momento aspiraba a presidente de la República el doctor Balaguer,
me atrevo a asegurar que el peor activo con que contamos es el
comportamiento de nuestra gente.
A este país moderno lo separan del desarrollo, la honestidad, la
disciplina, el respeto, la ley, el orden, entre otros valores y factores
que han convertido nuestro terruño en una selva de sálvese quien
pueda.
Esa modernidad combinada con ese comportamiento perverso de
nuestra gente, es lo que nos ha llevado a que tantos jóvenes
pierdan la fe en su país, pero sobretodo en los políticos
dominicanos que son quienes diseñan y aplican políticas públicas.
Recientemente, el Poder Ejecutivo envió una terna al senado de la
República, para que proceda a evaluar y elegir a tres miembros del
consejo de ProCompetencia, que sustituirían a los señores Iván
Gatón, Juan Reyes y Víctor Mateo, cuyo periodo de 5 años por el
que fueron escogidos ya venció.
Esta institución, que opera como un tribunal, fue creada mediante la
ley 42-08 con acta de nacimiento en el 2011, y tiene como objetivo
“promover y garantizar la existencia de la competencia efectiva para
incrementar la eficiencia económica en los mercados de productos y
servicios».
La misma ley establece quiénes pueden y quiénes no pueden ser
integrantes de dicho consejo, pues resulta que al menos 4 de las
propuestas, la ley los descalifica ipsofacto.
El artículo 28 de dicha ley establece que no podrán ser designados
como presidente o miembro del consejo directivo: los miembros del
Congreso Nacional, los del Poder Judicial, los que desempeñan
cargos remunerados en los organismos del Estado o de las
municipalidades, ya sea por elección o nombramiento, los que
tengan militancia política, entre otras condiciones de las que
también quiero destacar, quienes tengan vínculos de
consanguineidad hasta el cuarto grado, inclusive; o vínculos de
afinidad hasta el segundo grado, inclusive; con el presidente o
vicepresidente de la República, con los magistrados miembros de la
Suprema Corte, Corte de Justicia o con los miembros directivos de
los entes reguladores del mercado.
De la propuesta enviada por el Poder Ejecutivo ya hay dos que no
pueden ser considerados:
César Ariel Francisco Gómez, quien llega procedente del Tribunal
Constitucional, de donde también procede la actual presidenta de
ProCompetencia, es el actual jurídico de la misma institución desde
septiembre del 2022.
Dangela Ramírez Guzmán, proviene del Ministerio de Interior y
Policía, donde está designado como ministro el padre del actual
presidente del consejo, es la actual directora del Instituto Nacional
de Bienestar Estudiantil desde el 1ro de julio del 2022.
Alejandro Porcella es otro de los propuestos, hermano del señor
Héctor Porcella, director interino del Instituto de Aviación Civil.
Otro caso es el de María Eliza Holguín, fue designada
anteriormente como directora de la unidad de análisis financiero del
Ministerio de Hacienda, es hija del viceministro de la presidencia
José Ramón Holguín Brito, si bien el Ministerio de la Presidencia no
es un ente regulador del Estado, incide en todos, evalúa y da
seguimiento.
En el caso de Francisco Manuel Pimentel, no se conoce
absolutamente nada de él, solo que su nombre coincide con el de
un dueño de ferretería en La Vega.
ProCompetencia es una institución desconocida por la mayoría, por
lo tanto no conoce su papel, pero los amigos senadores que crean
leyes que se deben respetar, no pueden ni deben alegar ignorancia
en el tema que estarán discutiendo los próximos días. Vamos a
mostrarle al país que el salario que le pagamos a veces sirve para
algo, en esta ocasión, vamos hacer respetar la ley.
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