Aseguró que tiene tres objetivos fundamentales al asumir su gestión: el organizacional, el garantismo y el educativo. “Al final vamos a entregar la institución accesible, eficiente y sobre todas las cosas con un carácter organizacional de calidad”, manifestó.
La elección
Durante la sesión, el pleno senatorial acogió un informe presentado por la comisión especial, presidida por el senador Ricardo de los Santos, que designa como primer suplente a Roberto Carlos Quiroz y como segundo suplente a Miguel Antonio Puello. Además, como primer adjunto a Ana Leticia Martich Mateo y segundo adjunto a Darío Antonio Nin.
La decisión se produjo con 21 votos a favor de una matrícula de 26 senadores presentes.
El defensor del Pueblo, sus suplentes y adjuntos tomarán juramento el próximo lunes 14 de este mes de junio a las 3 de la tarde.
Eduardo Estrella, presidente del Senado, hizo hincapié en que la elección de Ulloa se hizo dentro del plazo constitucional establecido. Se trataba de 30 días después de recibir las ternas de parte de la Cámara de Diputados para escoger los cargos, y que vencía este viernes 11.
Antes de las designaciones, el senador Dionis Sánchez, vocero del bloque de la FP, presentó un informe disidente, como integrante de la comisión especial. Propuso escoger a Henry Merán como defensor del Pueblo por entender que éste gozaba de un dilatado ejercicio profesional y una preparación académica de postgrados y doctorado sobre los derechos fundamentales. El senador por Pedernales sugirió además man- tener a los suplentes y adjuntos presentados por la comisión especial.
“Cuidadito con lo que nosotros mismos le estamos dando aquiescencia, que tenemos carrera política y que no es razón para cuestionar nuestra dignidad o nuestra honestidad por haber sido o ser políticos”, concluyó Sánchez. Aseguró que de haber “dejado por la libre” la escogencia de ese cargo, sin dudas recaería sobre Henry Merán.
¿Quién es Ulloa?
El nuevo defensor del Pueblo es licenciado en Psicología Industrial de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y además cuenta con un doctorado en Gobierno, Política Pública y Sociedad.
Además, posee un máster en Alta Dirección Pública en la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode) y un postgrado en Psicología Industrial (UASD).
Se formó en Argentina como experto en formulación y evaluación de Política Pública Educativa; y en España realizó varias maestrías y un doctorado en Gobierno y Política Pública. Las maestrías, realizadas en universidades españolas versan sobre Economía y Cooperación Internacional y Políticas Públicas.
Su experiencia laboral lo coloca como primer director general administrativo y financiero (director ejecutivo) del Tribunal Constitucional en 2014. Fue coordinador técnico, en la Oficina de Cooperación Internacional de la Secretaría de Estado de Educación (SEE) y responsable del Programa Apoyo al Plan Decenal en 2011.
También laboró como especialista de monitoreo y evaluación, en la Oficina de Cooperación Internacional de la Secretaría de Estado de Educación (SEE) 2005-2007. Fue la contraparte dominicana en el Programa de Apoyo al Desarrollo de la Educación Técnico Profesional (PRO-ETP), financiado por la Unión Europea 2002–2003, y participó en el proceso de la detección de necesidades de capacitación para ser negociadas en el Tratado de Libre Comercio, con Estados Unidos en el 2004.
Ha sido gerente o consultor para más de ocho programas y proyectos financiados por el BID, BM y la Unión Europea en el Estado dominicano e internacionalmente.
Proceso de selección
Las evaluaciones de los aspirantes se iniciaron el martes 19 de enero en la Cámara de Diputados. Los expe- dientes fueron depurados por la Procuraduría General de la República (PGR), la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y la Dirección General de Impuestos Internos. Terminó 10 días después, con 74 evaluados de los 97 inscritos.
Debido a ese proceso, el 23 de marzo se conformaron las ternas en base a las puntuaciones donde figuraba Pablo Ulloa con 97.44, Henry Merán 95.94 y Fidel Santana, quien obtuvo la tercera mejor calificación de 88.37.
Las propuestas fueron remitidas al Senado que decidió devolverlas a la Cámara de Diputados, argumentando inobservancia de la ley, al remitir tres ternas con adjunto, cuando solo debían ser dos. El 5 de mayo la cámara baja eliminó la tercera terna y remitió el expediente al Senado que retomó las entrevistas el 19 de mayo.
Ulloa sustituirá a Zoila Martínez Guante, quien fue designada en esa posición por el Poder Legislativo el 15 de mayo del año 2013, por un período de seis años.
Martínez Guante había reclamado en diversas ocasiones sus deseos de ser sustituida en el cargo.
Actores políticos y sociales se pronunciaron al respecto
“Aplaudo la elección de Ulloa como Defensor del Pueblo. Su preparación y capacidad han conquistado el corazón del pueblo, a quienes servirá con honestidad y pulcritud. Tiene el reto de asumir causas cercanas a los ciudadanos”, dijo la exvicepresidenta de la República, Margarita Cedeño, al tiempo que felicitó la gestión de Zoila Martínez por todos estos años de trabajo.
Por su parte, el vicepresidente Ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Servio Tulio Castaños Guzmán, saludó la designación de Ulloa para el período 2021-2027.
Finjus considera que Ulloa reúne el perfil de idoneidad y las capacidades requeridas para el logro de sus objetivos, tal como lo reconoció la comisión evaluadora en el Senado de la República.
“Tenemos la esperanza de que, en base a sus dotes personales, talento y formación académica, Pablo Ulloa y su equipo conducirán a la Defensoría del Pueblo a cumplir el rol que la Constitución le asigna, y desde ya Finjus se pone a la disposición de su gestión para apoyar el relanzamiento de esa importante institución de nuestro ordenamiento jurídico”, indicaron.
Asimismo, el ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera, opinó que la elección de Ulloa reitera el discurso coherente del Partido Revolucionario Moderno de que el Congreso elija miembros de organismos del Estado sin vínculos partidarios.
¿Para qué sirve el DP?
Conforme a la Constitución dominicana, el defensor del Pueblo tiene la función de salvaguardar los derechos fundamentales de las personas y los intereses colectivos en caso de que sean violados por funcionarios o prestadores de servicios públicos o privados que afecten intereses colectivos. Servirá como un mediador entre la administración y los administrados cuando la administración en su accionar desconoce derechos fundamentales.
La Ley 19-01 otorga a la DP y sus adjuntos poder de inspeccionar las oficinas públicas y aquellas entidades prestadoras de servicios públicos sin previo aviso, y requerir de ellas todos los documentos e informaciones necesarias para materializar su labor.
La DP también puede iniciar una investigación sobre cualquier conducta cuestionable de un servidor público, como corrupción.
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